Hay decisiones que retratan una forma de entender la política. Y la respuesta del alcalde en el último Pleno de San Vicente del Raspeig es una de ellas.
Preguntamos qué gestiones había realizado el Ayuntamiento tras la aprobación de la moción que reclamaba la adscripción de un pediatra de urgencias al Punto de Atención Continuada del Centro de Salud II. La respuesta fue clara: ninguna. Y, además, anunció que tampoco tiene intención de realizar ninguna.
Más allá del debate sanitario, esta respuesta plantea una cuestión mucho más profunda: ¿para qué sirve que el Pleno apruebe acuerdos si el propio gobierno municipal decide no impulsarlos?
La moción aprobada no pedía un imposible. Nadie pretende que el Ayuntamiento contrate directamente a un pediatra, porque esa competencia corresponde a la Conselleria de Sanidad. Lo que sí hacía era instar a la Conselleria a iniciar el procedimiento, solicitar un cronograma de implantación y trasladar formalmente el acuerdo a los órganos competentes.
Es decir, exactamente aquello que corresponde hacer a un Ayuntamiento cuando quiere defender los intereses de sus vecinos.
San Vicente lleva años reclamando este servicio. En 2015 una campaña ciudadana consiguió reunir más de 1.500 firmas. En 2019 esa cifra superó las 2.000. El crecimiento del municipio, con 61000 habitantes y una población cada vez más joven, hace que esta reivindicación tenga hoy incluso más sentido que entonces.
Nadie puede garantizar que una reclamación vaya a ser atendida por otra administración. Pero sí puede decidir si la defiende o si renuncia a ella antes incluso de intentarlo.
Porque gobernar un municipio no consiste únicamente en gestionar aquello sobre lo que se tiene competencia directa. También consiste en representar a la ciudad ante otras administraciones, exigir inversiones, reclamar servicios y defender los acuerdos adoptados democráticamente por el Pleno.
Cuando un alcalde reconoce que no ha hecho ninguna gestión y que tampoco piensa hacerla, no está describiendo una limitación competencial. Está haciendo una elección política.
Y esa elección tiene consecuencias.
Cada vez que una familia de San Vicente debe desplazarse al Hospital General de Alicante porque el PAC carece de atención pediátrica específica, conviene recordar que el Ayuntamiento ni siquiera ha querido utilizar su voz para reclamar una solución.
Los acuerdos del Pleno no deberían convertirse en papel mojado. Son la expresión de la voluntad democrática de la Corporación y merecen ser defendidos, independientemente de quién gobierne la administración competente.
Desde el Grupo Municipal Socialista seguiremos reclamando un pediatra de urgencias para San Vicente del Raspeig. Pero también seguiremos defendiendo algo igual de importante: que un Ayuntamiento no puede resignarse ni renunciar a representar los intereses de sus vecinos.
Porque la peor respuesta que puede dar un gobierno no es un “no”. La peor respuesta es ni siquiera intentarlo.
Yolanda García
Concejala Grupo Municipal Socialista
