- Torregrosa afirma que, con el nuevo procedimiento desarrollado para dar agilidad al proceso, se están tramitando 140 solicitudes de informes de vulnerabilidad social
- Rechazada la moción presentada por Vox en el pleno ordinario de abril con los votos en contra de PP, PSOE, EU-UP y Compromís
- Los populares defienden un texto alternativo, a través de una enmienda, en favor de “las personas que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza”
El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha puesto en marcha un plan de actuación para regularización extraordinaria de personas inmigrantes iniciado por iniciativa del Gobierno central el pasado 16 de abril. La concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, ha confirmado que se están tramitando alrededor de 140 solicitudes de informes de vulnerabilidad social.
Para atenderlas, se han reorganizado los recursos humanos existentes con la designación de un profesional dedicado a la emisión de los informes necesarios. Con el plan puesto en marcha, Torregrosa ha asegurado que “se ha implementado un trabajo en cadena eficaz y eficiente que consigue agilizar el trabajo de emisión, evita el empleo de tiempo en posibles requerimientos de subsanación y permite que los técnicos puedan seguir atendiendo sus responsabilidades”.
Durante el pleno ordinario celebrado esta tarde, la edil ha explicado que el proceso de trabajo ha sido organizado “por un grupo interdisciplinar de funcionarios de varias concejalías que, en un tiempo récord, ha desarrollado diversos recursos para atender esta situación excepcional”. Entre ellos, se ha puesto en marcha un taller informativo que se imparte tres veces a la semana dirigido a las personas que voluntariamente quieran conocer “toda la información que deberían haber obtenido del Gobierno central”, ha aclarado Torregrosa, quien ha acusado al Ejecutivo “de hacer las cosas mal y demostrar, una vez más, que les importan muy poco las personas”.
Desde el Ayuntamiento también se ha habilitado un trámite informático que se puede realizar sin necesidad de que las personas dispongan de certificado digital para agilizar el registro de solicitudes y se ha elaborado una guía y un vídeo para facilitar dicho registro, así como dípticos informativos. La edil ha agradecido “la agilidad y profesionalidad” del equipo implicado, una felicitación a la que se ha sumado el alcalde, Pachi Pascual.
En respuesta a una pregunta presentada por EU-UP, la responsable de Derechos Sociales ha negado que se esté produciendo una espera de dos meses en este proceso y ha informado de que “no se necesita cita, con la tramitación telemática y aportando la documentación que se ha indicado en el taller informativo organizado”. A partir de ahí, los servicios técnicos comprueban lo aportado y, si todo está correcto, emiten un informe. “Solo se requeriría de una una cita en caso de que se necesite una subsanación o aclaración”, ha indicado.
Torregrosa ha criticado que el concejal de EU, Alberto Beviá, haya planteado una pregunta en el pleno sobre este asunto “acusando y dando por hecho cosas que no son ciertas” y “dejando patente que no tiene muy claro este tema”.
Moción de Vox
Entre los asuntos debatidos en el pleno de abril, en el turno de mociones ha sido rechazada por PP, PSOE, EU-UP y Compromís la propuesta presentada por Vox para instar a las administraciones central y autonómica a dar prioridad a los ciudadanos españoles en el acceso a prestaciones, servicios públicos, programas de viviendas o bonificaciones. La iniciativa plantea, además, la repatriación de inmigrantes en situación irregular y la remigración de “aquellos que, por no contribuir a la economía nacional, erosionan el sistema de bienestar”. El texto presentado solicita también la revisión del derecho a la protección de la salud y atención sanitaria de personas sin residencia legal, como también la asistencia jurídica en asuntos relacionados con procesos de expulsión y asegurar que las prestaciones y pensiones no contributivas queden reservadas a los españoles.
En representación de Vox, Pablo Quintana, ha asegurado que las demandas de esta moción “son de sentido común y son muchos los vecinos que nos han felicitado por introducir en la política nacional una idea que comparte mucha gente sobre la prioridad de los ciudadanos nacionales en temas como la ayuda a la vivienda o las ayudas sociales, cuestiones que preocupan a las españoles”.
Sobre los que se oponen a la propuesta que defiende el precepto “primero los de casa”, el edil ha recordado que “no hay nada más justo que recordar que, quienes han contribuido durante años, tengan prioridad en el acceso a las ayudas públicas”, pero “sin dejar de atender situaciones de urgencia, sino ordenar, racionalizar y garantizar que el sistema siga siendo sostenible”.
Por parte del Grupo Popular, se ha presentado una enmienda para modificar esta moción, que ha sido rechazada. La portavoz de la formación, Mercedes Torregrosa, ha defendido la postura mantenida en todas las instituciones “en contra de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Sánchez”, con especial mención “al decreto de regulación masiva de inmigrantes que ha creado y trasladado a las comunidades autónomas y ayuntamientos un problema”.
La edil ha reconocido “la necesitad de seguir recibiendo inmigrantes, pero hay que trazar una línea roja en la inmigración ilegal y quienes buscan aprovecharse de ella”. En este sentido, ha propuesto “establecer fórmulas legales y ordenadas de recibir a las personas que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza”.
La portavoz popular también ha incidido en el reconocimiento “del arraigo real y la contribución y la vinculación histórica con el territorio” como criterios objetivos y verificables a la hora de acceder a viviendas públicas o ayudas estructurales por parte de quien lo necesite. Torregrosa ha considerado que “es de justicia que quienes llevan años construyendo este país” tengan posibilidad de beneficiarse de los recursos públicos, pero sin dejar fuera a personas en situación de vulnerabilidad.
