Los socialistas critican las “nulas ideas” de la derecha para aliviar el encarecimiento de los alquileres y el acceso a un hogar, más allá de “promocionar la construcción”
El grupo municipal socialista de San Vicente del Raspeig ha lamentado este viernes que el equipo de gobierno de Pachi Pascual, integrado por PP y Vox, haya rechazado la propuesta progresista de crear una Oficina Local de Vivienda y aumentar las ayudas al alquiler social en la localidad con la excusa de que “en ocho años no se hizo nada”. El PSOE ha compartido con el equipo de gobierno varias ideas relacionadas con aliviar el encarecimiento de los alquileres y el acceso a un hogar para los vecinos y vecinas, pero todas han sido desechadas por la derecha.
Tal y como ha indicado el portavoz adjunto, Bruno Radermecker, el PSOE propuso declarar San Vicent del Raspeig como zona tensionada por el encarecimiento del alquiler, así como ha instado a la Generalitat Valenciana y al equipo de gobierno a implementar políticas que garanticen el acceso a una vivienda, pero PP y Vox están “estancados” en el “no por el no”: “No salen del discurso contra la anterior gestión o contra Pedro Sánchez”, dice.
Igualmente, recuerda Radermecker que el Consell cuenta desde 2022 con siete parcelas para construir vivienda de alquiler social, y Carlos Mazón no ha “movido un dedo” por impulsar su construcción. “El PP critica las promesas de Pedro Sánchez en materia de Vivienda, pero es que los 10.000 viviendas que Mazón ha prometido no serán una realidad esta legislatura; no podemos estar constantemente en el ‘y tú más’. Las políticas que nos afectan directamente son las autonómicas y las locales, y ahí PP y Vox están mirando hacia otro lado con este problema”.
Respecto a San Vicente del Raspeig, recuerda que el precio medio del alquiler en viviendas de 90 metros cuadrados ha subido a unos “alarmantes” 1.150€ mensuales, lo que evidencia una crisis de accesibilidad a vivienda “sin precedentes” para muchos vecinos y vecinas de la localidad. Asimismo, indica que sólo esta cifra ya evidencia la enorme dificultad —cuando no imposibilidad— para que jóvenes, familias trabajadoras, madres solteras, mayores con sus pensiones modestas (con las que en demasiadas ocasiones ayudan a sus familias) y otros colectivos vulnerables puedan acceder y mantener una vivienda digna en el municipio.
