Desde el Grupo Municipal Esquerra Unida–Podem queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante la nota de prensa y el vídeo difundido por Vox en los que atacan la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San Vicente del Raspeig. Más allá de los habituales discursos negacionistas y la defensa de las antipolíticas ambientales al que nos tienen acostumbrados, en esta ocasión debemos subrayar un hecho especialmente grave: Vox forma parte del Equipo de Gobierno.
Resulta absolutamente inaceptable que el concejal responsable de la Concejalía de Seguridad, con competencias directas en movilidad y ordenación del tráfico, utilice sus redes sociales para confrontar públicamente con una obligación legal que debe aplicarse en nuestro municipio. Es irresponsable, contradice a su propio gobierno y siembra confusión entre la ciudadanía. Si Vox quiere hacer oposición, que abandone el gobierno. Lo que no puede hacer es gobernar y boicotear al mismo tiempo las leyes que deben cumplirse.
La implantación de las ZBE no es un capricho de Esquerra Unida-Podem ni de ningún ayuntamiento. Es el cumplimiento de la Ley 7/2021 de Cambio Climático, aprobada por el Estado y de obligado cumplimiento para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Esta ley no es opcional. Es mandato legal. Y San Vicente está obligado a cumplirla.
Por tanto, que el Concejal de Seguridad se oponga públicamente al cumplimiento de una ley estatal no es solo una frivolidad política: es una declaración explícita de desobediencia institucional. Es un hecho totalmente inadmisible en un cargo público.
Además, nos preocupa enormemente que se difunda desde un área de gobierno un discurso negacionista sobre el cambio climático, que cuestiona políticas básicas de salud pública, movilidad sostenible y reducción de emisiones contaminantes. El negacionismo climático no es una opinión política sin consecuencias: es una amenaza para la salud, el futuro y la seguridad de la ciudadanía. Y no puede tener cabida, ni desde luego altavoz institucional, en un Ayuntamiento democrático y responsable.
Recordamos al concejal que juró su acta comprometiéndose a cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Oponerse abiertamente a una ley vigente desde su cargo institucional no es solo incoherente, también una vulneración de ese compromiso público. No se puede ocupar un cargo público para boicotear obligaciones legales ni para generar caos político.
