El PP señala a los socialistas en el pleno como artífices legales del modelo que ampara las viviendas protegidas controvertidas y el concejal Bruno Radermecker lo desmiente
Carlos Mazón y Vox cambiaron el Reglamento en 2024 para favorecer la especulación al acercar precios y rentas de VPP al mercado libre, beneficiando a promotores y personas con altos ingresos —hasta 5.500€ de renta mensual— mientras reduce protección social”
El portavoz adjunto del grupo muncipal socialista del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Bruno Radermecker, ha afirmado este miércoles durante el pleno ordinario de febrero que el ‘escándalo’ que ha ocurrido con las VPO en Alicante no habría pasado con un gobierno autonómico progresista, como lo fue el ‘Botànic’, y ha recordado que fue el Consell de Carlos Mazón (PP) con el apoyo de Vox los que cambiaron la legislación y los criterios para acceder a estas viviendas en la Comunitat Valenciana.
Así se ha pronunciado durante el debate plenario de una moción, cuando en turno del Partido Popular, la edil Mariela Torregrosa ha recriminado al portavoz adjunto socialista su ataque político por las numerosas relaciones entre las personas que accedieron a un hogar ubicado en la playa de San Juan, en Alicante, y el Partido Popular y el Ayuntamiento de Alicante. Como respuesta, la edil ‘popular’ ha hecho referencia a que los criterios se han seguido bajo una “Ley socialista”, una afirmación que ha sido desmentida categóricamente por Bruno Radermeker.
“Con el Botànic, este escándalo era imposible: el registro previo obligatorio de los solicitantes de estas viviendas habría parado las manipulaciones. Y con la protección permanente se habría revocado los pisos fantasmas. PP y Vox, por orden de Carlos Mazón, desmantelaron lo que funcionaba para favorecer el enchufismo, para permitir un sistema que facilita la corrupción”, ha indicado.
En este sentido, el concejal del PSOE ha remarcado que, en diciembre de 2024, el Consell “derogó el registro de solicitantes para VPP privadas, subieron rentas hasta los 66.000€ anuales para que personas que se pueden permitir viviendas en el mercado libre, pudieran acceder también a una pública en detrimento de los vulnerables”.
“Ustedes limitaron la protección de estas viviendas para que se puedan liberar al cabo de unos años y facilitaron el pelotazo urbanístico. El resultado es el que estamos viendo en Les Naus, sagas familiares acaparando pisos, 89 adquirientes supuestamente monoparentales —esto es algo altamente sospechoso— y alquileres irregulares”, ha agregado.
Igualmente, Radermecker ha insistido en que la afirmación de Mariela Torregrosa es una “mentira” y que, precisamente, fue el Botànic el que creó un sistema blindado con inscripción obligatoria en lista pública para todas las VPP, declaración responsable de ingresos y necesidad, protección permanente indefinida para que el suelo público no vuelva al mercado especulativo, y tanteo/retracto ampliado para recuperar viviendas en subastas o ventas privadas.
“Eso permitió ampliar el parque público sin enchufes ni fraudes como en el residencial de Les Naus. No obstante, el Reglamento de VPP (Decreto 180/2024, 10 diciembre, del Consell de PP-Vox) favorece la especulación al acercar precios y rentas de VPP al mercado libre, beneficiando a promotores y personas con altos ingresos —hasta 5.500€ de renta mensual— mientras reduce protección social”, ha zanjado.
