En una democracia local saludable, la participación ciudadana no es un adorno institucional, sino una herramienta imprescindible para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de los servicios públicos. Sin embargo, en San Vicente del Raspeig, este principio básico parece estar quedando relegado a un segundo plano.
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (CESURE), concebida como un canal directo entre la ciudadanía y el Ayuntamiento, lleva meses sin ser convocada. No se trata de un retraso puntual ni de una cuestión menor: es, en la práctica, la paralización de un órgano clave para que vecinos y vecinas puedan trasladar sus quejas, propuestas y preocupaciones, y verlas evaluadas de forma transparente.
El reglamento municipal no deja lugar a dudas: esta comisión debe reunirse trimestralmente y elevar informes al Pleno. Su ausencia no solo incumple una norma, sino que vacía de contenido un mecanismo fundamental de control democrático. Cuando estos espacios dejan de funcionar, la política se aleja de la ciudadanía y pierde una de sus principales razones de ser.
Resulta especialmente preocupante que esta situación se produzca bajo la responsabilidad del equipo de gobierno formado por Partido Popular y VOX. La falta de convocatoria de la CESURE no es un hecho aislado, sino un síntoma de una forma de gobernar que reduce los espacios de participación y debilita los mecanismos de fiscalización.
No estamos hablando únicamente de procedimientos administrativos. Estamos hablando de derechos. El derecho de la ciudadanía a ser escuchada, el derecho a que sus reclamaciones sean analizadas, y el derecho a participar activamente en la mejora de su municipio.
La democracia no se limita a depositar un voto cada cuatro años. Se construye día a día, en espacios como la CESURE, donde la ciudadanía puede ejercer un control real sobre la gestión pública. Prescindir de estos espacios no solo empobrece la vida política, sino que erosiona la confianza en las instituciones.
Por eso, la solución es tan evidente como urgente: convocar de inmediato la comisión y restituir su papel como instrumento de participación, control y mejora. No hacerlo supone aceptar que la voz de la ciudadanía puede ser ignorada. Y eso, en democracia, nunca debería ser una opción.
Alberto Beviá Orts
Representante de Esquerra Unida en el Grupo Municipal EU-UP
