Hay plenos que dejan una sensación de frustración. No porque una moción no salga adelante -eso forma parte de la democracia-, sino porque sabes que había una oportunidad real de mejorar la vida de tus vecinos y vecinas y, simplemente, quienes gobiernan han decidido no aprovecharla.
Eso es exactamente lo que ocurrió en el último pleno.
Fui yo, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, quien defendió una propuesta muy sencilla: que las personas que ya están reciclando correctamente la materia orgánica e incluso aquellos que están dispuestos a hacerlo, puedan beneficiarse de la bonificación del 16% que contempla la propia ordenanza de la tasa de basura. Nada más. Y nada menos.
No pedía crear una nueva ayuda, ni cambiar la ley, ni inventar nada. Pedía aplicar el sentido común.
Porque lo que más nos preocupa de esta situación es que se está trasladando a la ciudadanía la idea de que no puede acceder a esa bonificación porque la ley no lo permite. Y eso no es cierto.
La realidad es otra: la bonificación no se aplica porque el equipo de gobierno ha decidido no aplicarla mientras no estén instalados los contenedores inteligentes. Es una decisión política, no una obligación legal.
Nuestra ordenanza contempla una bonificación de hasta el 16% para quienes separan correctamente la fracción orgánica. Sin embargo, como el Ayuntamiento todavía no ha implantado el sistema tecnológico para identificar individualmente a cada usuario, ha optado por no concederla a nadie.
Y yo me pregunto: ¿qué culpa tiene el vecino o la vecina que sí está haciendo las cosas bien?
¿Qué culpa tiene quien separa sus residuos cada día, utiliza el contenedor marrón y colabora para que nuestro municipio recicle más? Ninguna.
No es justo que el Ayuntamiento convierta sus propios retrasos en una penalización para quienes sí cumplen.
Durante mi intervención expliqué que existe otra forma de hacer las cosas. No era una ocurrencia ni una propuesta improvisada. Puse sobre la mesa el ejemplo de Alcoy.
Allí se aplica exactamente la misma Ley 7/2022. Exactamente la misma.
Y, sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido reconocer el esfuerzo de quienes reciclan o están concienciados a realizar dicho reciclaje, desde el primer momento. Aunque todavía no disponga de un sistema informatizado que registre cada aportación, aplica la bonificación a quienes participan en la recogida separada de la materia orgánica e incluso a aquellos que se han interesado en recoger la llave del candado de acceso al contenedor marrón.
Es decir, han entendido que lo importante es incentivar el reciclaje y no castigar a quien ya está colaborando.
¿Por qué allí sí y aquí no?
Esa fue la pregunta que lancé durante el pleno y que, sinceramente, sigo haciéndome.
Porque no estamos hablando solo de medio ambiente. Estamos hablando también del bolsillo de muchas familias.
Si esta bonificación se aplicara, los vecinos y vecinas de San Vicente podrían pagar entre 25 y 40 euros menos al año en función de la zona donde viva.
Puede parecer una cantidad pequeña para algunos, pero cuando todo sube y cada euro cuenta, cualquier alivio fiscal importa. Y más aún cuando vivimos en uno de los cinco municipios de España donde más se paga por la tasa de basura.
Mientras en San Vicente pagamos una media de 200 euros, en Alcoy, la tasa ronda los 120 euros y quienes reciclan la materia orgánica pagan alrededor de 98 euros gracias a esa bonificación. Todo ello aplicando la misma ley que aquí se utiliza como argumento para no hacerlo.
Por eso insistimos: no es la ley la que marca la diferencia. La diferencia la marca la voluntad política.
Lamentamos que el Partido Popular y Vox decidieran votar en contra de una propuesta que beneficiaba directamente a la ciudadanía, fomentaba el reciclaje y hacía más justa una tasa que hoy supone un importante esfuerzo económico para muchas familias.
Pero que la moción no haya salido adelante no significa que el debate termine aquí. Seguiremos defendiendo que quienes hacen las cosas bien merecen que su Ayuntamiento esté a su altura. Seguiremos reclamando que las bonificaciones previstas en las ordenanzas dejen de ser un simple anuncio sobre el papel y se conviertan en un derecho efectivo.
Porque creemos en una política útil. En una política que escucha, que busca soluciones y que entiende que las administraciones no pueden exigir esfuerzos a la ciudadanía mientras se niegan a reconocerlos.
Y porque estamos convencidos de que San Vicente puede hacer las cosas mejor. Solo hace falta querer hacerlo.
Asun París, portavoz del Grupo Municipal PSOE
