Hablar de financiación autonómica suena, a primera vista, a algo lejano, complicado y hasta un poco aburrido. Pero en realidad estamos hablando de algo muy sencillo: de si hay dinero suficiente para que tu centro de salud funcione bien, para que tus hijos tengan más profesorado en el aula o para que una persona dependiente reciba la atención que necesita sin listas de espera eternas.
Durante más de veinte años, la Comunitat Valenciana ha estado mal financiada. No porque gastemos más que nadie, sino porque recibimos menos recursos que otras comunidades para prestar exactamente los mismos servicios. Eso nos ha obligado a ir siempre con la lengua fuera: haciendo malabares para mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales abiertos y dignos.
Por eso, lo que ahora está sobre la mesa no es una discusión técnica ni un capricho político. Es una oportunidad histórica para corregir una injusticia largamente denunciada por toda la sociedad valenciana, desde universidades hasta sindicatos, pasando por empresarios y entidades sociales.
El nuevo modelo de financiación que propone el Gobierno de España parte de una idea muy fácil de entender: que todas las personas, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios públicos en condiciones similares. Y para eso hacen falta recursos suficientes y un reparto más equilibrado.
¿Y qué significa esto, en números claros? Que la Comunitat Valenciana recibiría 3.669 millones de euros más al año respecto al sistema actual. Un 18% más. Para que nos hagamos una idea: con esa cantidad se podría multiplicar por 12 el presupuesto en vivienda, por 7 el de atención a la dependencia, construir unos 200 centros de salud o duplicar la plantilla de profesorado. No es teoría económica: es impacto directo en la vida diaria de la gente.
Además, el nuevo modelo reduce de forma muy significativa la brecha entre las comunidades mejor y peor financiadas. Es decir, avanza en igualdad y cohesión territorial, algo fundamental en un país que quiere llamarse justo.
Hay otro aspecto importante que no se puede olvidar: la solidaridad. Este sistema no beneficia solo a la Comunitat Valenciana, sino al conjunto de comunidades autónomas, con una inyección global de 21.000 millones de euros para reforzar los servicios públicos en toda España. Más transparencia, más corresponsabilidad fiscal y más capacidad para decidir desde los territorios.
Y, por si fuera poco, se incorpora un fondo específico para hacer frente a los efectos del cambio climático, muy necesario en zonas como la nuestra, duramente castigada por episodios extremos como la DANA de octubre de 2024.
Por todo ello, ahora toca estar a la altura. Esto no va de siglas ni de tacticismos partidistas, va de defender lo que es justo para los valencianos y valencianas. De poner por delante la sanidad, la educación, la protección social y la igualdad de oportunidades.
Porque la financiación autonómica no es un tema abstracto. Es el dinero que permite que el estado del bienestar no sea solo una promesa, sino una realidad palpable. Y cuando se nos ofrece una oportunidad real de corregir una desigualdad histórica, lo responsable es aprovecharla.
Para finalizar, te cuento cómo estas cifras se traducen en las calles de San Vicente del Raspeig, donde una financiación justa marca la diferencia entre promesas eternas y realidades tangibles. Hablo de tener, por fin, recursos para abrir ese tercer centro de salud sin demoras y mejorar nuestros servicios sociales; de que nuestros estudiantes dejen de buscar sillas en bibliotecas saturadas y tengan ratios dignas en las aulas de un nuevo instituto; y, sobre todo, de tener músculo para intervenir en el mercado de la vivienda y que nadie tenga que irse de su pueblo por no poder pagarlo.
Reclamar este modelo no es pedir privilegios, es exigir las herramientas para que los recursos lleguen a lo único que importa: tu bienestar, tu familia y tu futuro aquí.
Asun París, portavoz del PSOE de San Vicente
