Los grupos de la oposición piden a PP y Vox que fomenten políticas para paliar el encarecimiento de las rentas del 11,5% en los últimos dos años
Los grupos municipales Partido Socialista y Esquerra Unida-Podem han elevado al pleno una moción que propone la creación de una Oficina Local de Vivienda y aumentar las ayudas al alquier social en San Vicente del Raspeig. El texto pretende que el equipo de gobierno de Pachi Pascual, integrado por PP y Vox, fomente políticas para paliar el encarecimiento de las rentas del 11,5% en los últimos dos años, y cuya estimación es que sea del 12% este 2025.
Ambos partidos sostienen que el precio medio del alquiler en viviendas de 90 metros cuadrados ha subido a unos “alarmantes” 1.150€ mensuales, lo que evidencia una crisis de accesibilidad a vivienda “sin precedentes” para muchos vecinos y vecinas de la localidad. Asimismo, indican que sólo esta cifra ya evidencia la enorme dificultad —cuando no imposibilidad— para que jóvenes, familias trabajadoras, madres solteras, mayores con sus pensiones modestas (con las que en demasiadas ocasiones ayudan a sus familias) y otros colectivos vulnerables puedan acceder y mantener una vivienda digna en San Vicente del Raspeig.
Igualmente, recuerdan a la derecha, especialmente al Partido Popular, que cumpla con las promesas de su líder en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, e impulse la construcción de viviendas de alquiler social en los siete terrenos cedidos por el anterior gobierno progresista al Botànic. “Necesitamos más vivienda social para colectivos vulnerables con dificultades en los que la renta media y baja no deban supeditar toda su capacidad de ahorro y consumo al pago de su hogar”, sostienen.
Por todo ello, insisten en la creación de una Oficina Municipal de Vivienda en San Vicente del Raspeig, porque esta situación exige que se pongan todos los recursos y esfuerzos para tratar de frenar el incremento desmedido de los precios del alquiler. Además, han justificado su puesta en marcha para facilitar que se detecten situaciones de vulnerabilidad residencial y, también, se puedan ofrecer soluciones tempranas para evitar procesos de desahucio.
“Podrá prestar servicios de mediación en conflictos derivados de las situaciones de alquiler y, en definitiva, será un vector de dinamización de las políticas de vivienda locales”, detallan los dos partidos, quienes ha agregado que para que esta iniciativa sea verdaderamente efectiva debe ir acompañada de un compromiso presupuestario municipal “mucho más ambicioso”. “Solicitamos el aumento de la partida presupuestaria para ayudas directas al alquiler a colectivos vulnerables y retomar la inversión en aumentar el parque público de vivienda social del Ayuntamiento”, zanjan.
