El pleno celebrado durante el pasado mes de junio declaró a San Vicente del Raspeig
como municipio abolicionista con el objeto de erradicar la prostitución y la explotación
sexual. La moción presentada por el Equipo de Gobierno, formado por PSOE, EU y
Podem, para instar a las Cortes Generales a apoyar el proyecto de Ley Integral de
Abolición de la Prostitución y en apoyo de la prohibición del proxenetismo en todas sus
formas, fue aprobada con el respaldo de los grupos políticos de PP y Compromís.
La prostitución es una de las formas de violencia, tanto sexual como psicológica y
económica, más cruel contra las mujeres y se trata de uno de los rostros más extremos
del sistema de dominación ilegítima en el que estamos sumergidos en las sociedades
actuales. Sin embargo, el proxenetismo, que es una actuación incompatible con una
concepción de los derechos humanos, aún no cuenta con una respuesta penal adecuada,
a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, que ya han procedido a
regular su persecución.
La primera teniente de alcalde y concejal de Presidencia, Asun París, señala que “para
acabar con todas las violencias contra las mujeres, y en especial con el proxenetismo, se
requiere de una visión integral y de un trabajo donde todas las administraciones nos
mostremos implicadas y comprometidas. Desde los ayuntamientos, tenemos
competencias para impulsar medidas que vayan encaminadas a frenar esta lacra, como
la capacidad jurídica para sancionar la prostitución como una forma de violencia
sexual”.
Además, la portavoz del PSOE explica que no se puede considerar admisible dirigir la
acción sancionadora de la administración contra las personas prostituidas, pues son las
más vulnerables y, en definitiva, las víctimas de un delito. Es precisamente este
colectivo el que requiere de una mayor protección jurídica.
