El pasado miércoles, PP y Vox bloquearon en un solo pleno seis acuerdos de una moción de vivienda: crear una oficina municipal, encargar un informe sobre zona tensionada, impulsar un observatorio, aumentar su apuesta por vivienda social al, implantar un plan de alquiler asequible y censar viviendas vacías. Lo hicieron con una tranquilidad pasmosa. No hubo incomodidad visible, pero sí victimismo y el eterno recurso al «y tú más». Tiraron de la falacia tu quoque para desviar la atención: nos preguntaron por qué no lo hicimos nosotros en ocho años.
La concejala del PP Mariela Torregrosa, con todo el aplomo, excusó su inacción alegando que en el Ayuntamiento ya se hace lo necesario. El problema, según ella, es que los vecinos no se han enterado. Nosotros, tras años en la corporación, curiosamente tampoco.
Sería cómico si no fuera trágico. Cáritas alerta de las dificultades para pagar un hogar y los alquileres en la provincia de Alicante han subido casi un 9% este año. Ese mismo día, la concejala de Vox encontró solo 16 pisos de larga estancia disponibles. Dieciséis. Para una ciudad universitaria de 60.000 habitantes. Usó el dato para argumentar que no hay que intervenir el mercado, no vaya a ser que asustemos a los caseros, quienes de media son solo cinco veces más ricos que quienes se ven forzados a alquilar.
Dijeron que la zona tensionada destruye la oferta, citando a Barcelona. Sin embargo, los datos demuestran que allí el alquiler bajó un 8,9%; en Girona un 16% y en Navarra también retrocede. Mientras, en la Comunitat Valenciana, sin medidas de contención, los precios suben desde 2019 y la oferta mengua igualmente, sin zonas tensionadas declaradas y sí todo el espacio a la especulación inmobiliaria. La ley de vivienda funciona donde se aplica; su inacción desprotege.
Por su parte, el Plan Vive prometió 10.000 viviendas protegidas; tres años después, la web del gobierno autonómico apenas registra 192 terminadas. Prometieron el edificio y construyeron el buzón, limitándose a observar cómo los especuladores fulminan la oferta.
Y luego está el escándalo de Les Naus en Alicante: viviendas para personas vulnerables acabaron en manos de la concejala de Urbanismo del PP, de altos cargos y de afines. No es un error aislado. Es el resultado directo de eliminar el registro de demandantes y subir el límite de renta a 66.000 euros. Si quitas los controles y permites que el zorro cuide a las gallinas, ¡qué esperas! Han olvidado que la Vivienda de Protección Pública debe garantizar un techo digno y frenar la especulación, no alimentarla.
Lo que votaron en contra no era ideología, eran herramientas: un informe, un censo, una mesa de trabajo. Votaron «no» a saber más porque creen saberlo y hacerlo todo bien.
Los jóvenes de San Vicente, las personas que comparten habitación y las familias expulsadas por las subidas abusivas de sus caseros dudo que lo ven así.
Pero PP y Vox les llevan ventaja: llevan tres años con la cabeza bajo tierra, como avestruces. Desde ahí abajo, el mercado parece estable y su gestión, intachable. El problema es que, cuando saquen la cabeza, San Vicente y sus vecinos seguirán ahí, esperando que alguien actúe de una vez.
Bruno Radermecker Carballo
Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
