El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de San Vicente, Óscar Lillo, ha criticado “el rechazo de los grupos de la oposición municipales de presentar una declaración institucional conjunta para defender la integridad del país y frenar los cambios en la Ley de Amnistía impulsados por partidos independentistas a cambio de apoyar a Pedro Sánchez”.
Lillo ha lamentado “la tibieza del PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Unides Podem a la hora de defender acuerdos consensuados por todas las fuerzas políticas al inicio de la Democracia que son pilares fundamentales sobre los que se sustenta este Estado”.
El portavoz popular también ha cuestionado “el escaso compromiso demostrado por los concejales de la izquierda y Compromís, a pesar de su posición como representantes que forman parte de la estructura institucional de este país”. A su juicio, “parece que están más con los intereses de Cataluña que con los de San Vicente, la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana”.
En la declaración presentada por el Grupo Popular en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Vicente se defiende la Ley de Amnistía de 1977 como principio de reconciliación nacional que guio la Transición hacia la Democracia. También como demanda social y base del nuevo ordenamiento jurídico que puso fin a la represión que sufrió una parte de la sociedad española.
El texto aclara, además, que durante la tramitación de la Constitución de 1978 se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales y, en este contexto, una amnistía atentaría contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. También el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la posible amnistía.
Desde el PP se rechazan los intentos de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional planteados desde 2017 que hasta ahora se han encontrado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la condena de sus principales impulsores a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación, entre ellos Carles Puigdemont. Tras su huida para evitar la acción de los Tribunales españoles y europeos, el pasado 5 de septiembre el líder catalán condicionó la gobernabilidad de España a la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca a los encausados por el referéndum ilegal de 2017.
El PP recuerda que tanto Pedro Sánchez como otros ministros de su Gobierno afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía, pero, ahora, “en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se han abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley, un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado que exculpa centenares de delitos y deslegitima el Estado de Derecho”. Esta situación es considerada por el PP como un inasumible precio político para cualquier gobernante decente que está causando una profunda conmoción social.
En este sentido, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de San Vicente ha criticado “la falta de respaldo de otras formaciones para buscar acuerdos que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas”.
