La formación, a través de su concejal Alberto Beviá (grupo municipal EU-UP), plantea vincular el recibo al Padrón Municipal, rescatar el “escudo social” y aumentar los premios por reciclar para evitar vertidos e incendios en los caminos.
Esquerra Unida ha registrado formalmente ante el departamento de gestión tributaria del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig una propuesta técnica para modificar la ordenanza de la tasa de basuras. El concejal Alberto Beviá argumenta la necesidad de sustituir el modelo actual por uno justo y adaptado a la realidad socioeconómica y demográfica del municipio, calificando el recibo —que alcanza en algunos casos los 236,90 euros— como una auténtica “lacra” que sitúa a San Vicente entre las localidades con el recibo de basura más caro de España.
La ley es igual para todos, pero en San Vicente algo falla. “La ley obliga a adaptar las tasas, pero la gestión fiscal de PP y VOX se ha vuelto insoportable”, señala Beviá. “No es de recibo soportar una de las cargas más pesadas del país por un servicio básico. Hay margen de maniobra y es perfectamente viable modificar la ordenanza para beneficiar a la mayoría social”.
La formación de izquierdas plantea tres ejes de cambio:
Tasa por habitante y capacidad económica: Suprimir la tarifa plana por zonas e introducir la progresividad cruzando los datos tributarios con el Padrón Municipal de Habitantes. Desde EU ven insostenible que un hogar unipersonal —frecuente en personas mayores que viven solas— pague lo mismo que una vivienda de cuatro o cinco miembros, ignorando el volumen real de residuos generados. Este criterio se modularía con los ingresos o el valor catastral asignado a la vivienda.
Premios por reciclar contra los vertidos y el comercio local: Exigen duplicar los incentivos por usar el ecoparque y el contenedor inteligente para fomentar el civismo fiscal y ambiental. Beviá advierte que esto “contribuiría decisivamente a minorar los vertidos incontrolados en los bordes de los caminos, conductas que duplican el gasto público en limpieza extraordinaria y conllevan un grave riesgo al haber sido ya posible causa directa de incendios en el término municipal”. Asimismo, piden acabar con la exclusión actual del comercio y la hostelería, permitiendo que tiendas y restaurantes sumen bonificaciones si separan en origen cartón, vidrio, envases y orgánica.
Ampliación del escudo social: Flexibilizar y abrir el paraguas de las bonificaciones sociales reguladas en el artículo 7, modificando el límite restrictivo vinculado a la Renta Valenciana de Inclusión por un baremo basado en el IPREM corregido por miembros del hogar, evitando que las rentas bajas y pensionistas mínimos queden desamparados.
“Es el momento de que el Partido Popular y VOX dejen de mirar hacia otro lado, escuchen el evidente descontento de la calle y modifiquen la ordenanza”, concluye Alberto Beviá, insistiendo en que la fiscalidad municipal debe ser una herramienta de equilibrio social y ambiental, y no una vía de asfixia económica para las familias y los pequeños comercios de San Vicente del Raspeig.
