El Ministerio del constitucionalismo aterriza en San Vicente del Raspeig

Nos hemos quedado anonadados antes las parrafadas manifestadas por el concejal Óscar Lillo, portavoz adjunto del Partido Popular y responsable de las áreas de RRHH y Cultura en el Ayuntamiento, recriminando a la oposición “su rechazo a presentar una declaración institucional conjunta contra la tramitación de la Ley de Amnistía”. Esquerra Unida-Podem no sale de su asombro al descubrir que ahora, en nuestro Ayuntamiento, tenemos un ministro que defiende una postura de índole nacional, siendo juez y verdugo.

Que lejos ha quedado esos momentos vividos en los Plenos del anterior mandato cuando el portavoz del grupo municipal del PP, Óscar Lillo, reprochaba negativamente a los partidos de izquierdas cada vez que llevaban una moción de ámbito nacional y decía, una y otra vez: “nuestro grupo se va a mantener en la posición de no entrar a debatir temas que no son de competencia local”.  Un cambio de opinión que nos recuerda al de su líder, el señor Feijóo, que pasa de pedir prisión para el independentismo, a pedir cita con los partidos de la derecha independentistas.

Es curioso que el Portavoz del PP haya decidido salir en los medios de comunicación culpando a la oposición de que la Declaración Institucional no se haya podido presentar por no contar con su respaldo, pero a la vez no tenga la valentía de presentarla en forma de moción, algo bastante habitual cuando no se llega un acuerdo con toda la Corporación municipal. Pero claro está, los partidos políticos no presentan mociones cuando saben que la van a perder, por no tener el apoyo suficiente.

El Grupo Municipal Esquerra Unida-Podem no está “más con los intereses de Cataluña que con los de San Vicente, la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana”, como ha manifestado el señor Lillo. Nuestro grupo es consciente de que una amnistía es una herramienta para poner fin a un conflicto político y de bloqueo institucional. De hecho,  ustedes están de acuerdo con esta afirmación cuando consideran la Ley de Amnistía de 1977  “como principio de reconciliación nacional que guío la Transición hacia la Democracia”, pero cambian su discurso cuando hablan de Cataluña.

Para finalizar, nuestro grupo municipal quiere aclararle señor Lillo que la posibilidad de una amnistía no la prohíbe la Constitución, tal y como ustedes manifiestan, simplemente porque se trata de  una facultad del Legislativo que opera sobre una conducta. Por lo tanto, dejen de manipular,  de utilizar términos como “condiciones ilegales de partido independentistas” y dejen de decir que esta amnistía es la mayor amenaza y desafío para la historia democrática de este país. Porque para nosotras, España solo está en riesgo de romperse cuando gobierna el PP, que sube la temperatura y genera conflictos por todas partes.